Un informe del Congreso destapa el pago de chantajes. Por si la polémica desatada por el general Stanley McChrystal no fuese suficiente , un informe presentado ayer por el Congreso de EEUU complica aún más la presencia militar en Afganistán al denunciar que millones de dólares del Pentágono acaban cayendo, para pagar chantajes, en manos de los caciques locales o, incluso, de los extremistas insurgentes.
ANTONIO CAÑO - Washington - 23/06/2010
La corrupción, una lacra denunciada por la Administración norteamericana y que el presidente afgano, Hamid Karzai, se ha visto incapaz de extirpar, se extiende ahora a la actividad de las Fuerzas Armadas con riesgo de deslegitimar o hacer más impopular su actuación.
El informe asegura que parte de los 2.160 millones de dólares que se destinan a transporte de material militar en Afganistán se dedica a pagar a señores de la guerra para que protejan los convoyes con sus ejércitos privados o, simplemente, para que no los ataquen. En ocasiones, el dinero ha servido también para compensar por el beneplácito de los talibanes con el paso de los camiones por territorio bajo su control.
En la mayor parte de las ocasiones detectadas por esta investigación, el dinero no era entregado a sus destinatarios por los propios militares sino por los contratistas privados encargados de proteger el transporte. De esa manera, se violaba tanto el código de conducta del Departamento de Defensa como la legislación reciente, emitida a raíz de los abusos cometidos en Irak.
El transporte es una de las actividades que más tiempo ocupa a una fuerza que ha tenido que desplazar 30.000 nuevos soldados a la zona de combate provistos de sus correspondientes necesidades logísticas. Un 70% de ese transporte se realiza por tierra, lo que exige medidas de seguridad que el Ejército se ve incapaz de cumplir por sí solo sin abandonar sus obligaciones de combate.
Ese problema logístico ha provocado en este caso otro mucho más profundo de índole político. Al pagar a los talibanes, EE UU está facilitando su fortalecimiento y reconociendo su autoridad en el ámbito local. Al pagarles con las aportaciones del contribuyente norteamericano, está minando la justificación moral de la guerra y su apoyo entre la opinión pública norteamericana.
"Los hallazgos de este informe son tristes e impactantes", ha declarado el representante demócrata John Tierney, que preside el comité de la Cámara responsable de este trabajo. La Administración, pendiente de un análisis más detallado, no ha querido aún valorar el informe del Congreso, aunque es evidente que este no servirá para facilitarle el camino al presidente Barack Obama.
En una reciente comparecencia en el Senado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, citó la inyección del dinero extranjero como una de las principales causas de la corrupción en Afganistán. El propio Obama recriminó a Karzai en Kabul por la falta de energía para combatir ese mal. Ahora, cuando se descubre que militares estadounidenses favorecen esa red de extorsión, tanto Obama como Clinton ven reducida su autoridad para exigirles lo que ellos no pueden controlar.
La corrupción, una lacra denunciada por la Administración norteamericana y que el presidente afgano, Hamid Karzai, se ha visto incapaz de extirpar, se extiende ahora a la actividad de las Fuerzas Armadas con riesgo de deslegitimar o hacer más impopular su actuación.
El informe asegura que parte de los 2.160 millones de dólares que se destinan a transporte de material militar en Afganistán se dedica a pagar a señores de la guerra para que protejan los convoyes con sus ejércitos privados o, simplemente, para que no los ataquen. En ocasiones, el dinero ha servido también para compensar por el beneplácito de los talibanes con el paso de los camiones por territorio bajo su control.
En la mayor parte de las ocasiones detectadas por esta investigación, el dinero no era entregado a sus destinatarios por los propios militares sino por los contratistas privados encargados de proteger el transporte. De esa manera, se violaba tanto el código de conducta del Departamento de Defensa como la legislación reciente, emitida a raíz de los abusos cometidos en Irak.
El transporte es una de las actividades que más tiempo ocupa a una fuerza que ha tenido que desplazar 30.000 nuevos soldados a la zona de combate provistos de sus correspondientes necesidades logísticas. Un 70% de ese transporte se realiza por tierra, lo que exige medidas de seguridad que el Ejército se ve incapaz de cumplir por sí solo sin abandonar sus obligaciones de combate.
Ese problema logístico ha provocado en este caso otro mucho más profundo de índole político. Al pagar a los talibanes, EE UU está facilitando su fortalecimiento y reconociendo su autoridad en el ámbito local. Al pagarles con las aportaciones del contribuyente norteamericano, está minando la justificación moral de la guerra y su apoyo entre la opinión pública norteamericana.
"Los hallazgos de este informe son tristes e impactantes", ha declarado el representante demócrata John Tierney, que preside el comité de la Cámara responsable de este trabajo. La Administración, pendiente de un análisis más detallado, no ha querido aún valorar el informe del Congreso, aunque es evidente que este no servirá para facilitarle el camino al presidente Barack Obama.
En una reciente comparecencia en el Senado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, citó la inyección del dinero extranjero como una de las principales causas de la corrupción en Afganistán. El propio Obama recriminó a Karzai en Kabul por la falta de energía para combatir ese mal. Ahora, cuando se descubre que militares estadounidenses favorecen esa red de extorsión, tanto Obama como Clinton ven reducida su autoridad para exigirles lo que ellos no pueden controlar.
